Por Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, se ha aprobado la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro correspondientes al tercer ciclo de planificación (2021-2027).
En este Real Decreto se toman relevantes (y espinosas) decisiones políticas. El Gobierno no tiene las manos libres para decidir cómo se van a conciliar los intereses económicos y ambientales, que es la tarea más compleja de la gestión hídrica en un contexto de cambio climático. Y no tiene las manos libres porque existe un marco de actuación de la Unión Europea (Directiva 2000/60, marco del agua) que obliga a buscar esta conciliación con seriedad, pues los objetivos ambientales tienen que ser consistentes con las disponibilidades presupuestarias y con las limitaciones que se pueden exigir a los agentes económicos privados, dentro del respeto al principio de proporcionalidad.
