Por cada metro cúbico que se amplíe el caudal que debe llevar el río Tajo a su paso por Aranjuez para poder trasvasar agua al Segura, se perderían casi 9.800 empleos y 524 millones al año en las tres provincias afectadas por el recorte del trasvase: Alicante, Murcia y Almería.
Así se desprende de un estudio presentado este miércoles en el Palacio de San Esteban de Murcia, sede de la presidencia regional, y que forma parte de la documentación que se ha incluido en el recurso que el Gobierno de esta comunidad autónoma ha presentado ante el Tribunal Supremo contra el decreto 35/2023, que modifica una docena de planes hidrológicos, entre ellos, el del Tajo, aumentando sus caudales ecológicos con el consiguiente recorte para el trasvase.
