Fuente: El Economista.es
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha presentado una batería de alegaciones contra el futuro Plan Hidrológico del río Tajo, cuya aplicación en los términos que propone el Ministerio de Transición Ecológica sería «traumática para la subsistencia del sector primario levantino», según consideran.
Las alegaciones presentadas por el Sindicato a este plan del Gobierno se articulan sobre dos ejes principales. Por un lado, plantea que esta planificación debe contemplar las demandas del sistema hidráulico Tajo-Segura y analizar el impacto ambiental, social y económico que causarían en las mismas los caudales ecológicos propuestos.
Por otro, el SCRATS sostiene que los caudales propuestos para el eje del Tajo están mal calculados. De acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica y determinando el caudal necesario para garantizar el 50% del hábitat potencial útil (HPU), el caudal ecológico del Tajo en Aranjuez es inferior a 6 metros cúbicos. «Y si se calculara para garantizar el 30% del HPU, el caudal ecológico sería de 3,45 metros cúbicos», apuntan.
«Será un golpe muy duro para los 80.000 regantes que se nutren del Trasvase Tajo-Segura si se consuman los planes del Ministerio, que solo están motivados por razones políticas. El equilibro que se ha conseguido aquí ha costado muchísimos años. Generar ahora un agujero negro en este equilibro puede desmontar todo este sistema productivo que ha generado 40 años de progreso, empleo y prosperidad», asegura Lucas Jiménez, presidente de SCRATS.
Las reclamaciones del sector han recibido la adhesión de las Mesas del Agua de Alicante, Almería y Murcia y también de entidades agrícolas como ASAJA, UPA, COAG, APOEXPA, FECOAM, UPA Murcia, FERAL, PROEXPORT o AGRUPAL, y otras entidades empresariales y sindicales como CCOO, UGT, CROEM, FROET o UCOMUR.
«Se demuestra así que la sociedad civil de todo el Levante está unida, en torno al siguiente mensaje: estos planes no pueden llevarse a cabo. La decisión del Ministerio de mantener sus términos actuales, significaría una drástica reducción de caudales a derivar por el Trasvase Tajo-Segura y, por extensión, conllevaría un futuro muy difícil para el Levante agrícola», subraya el presidente de SCRATS, Lucas Jiménez.
Desde la agrupación indican que la aportación del Levante agrícola al PIB nacional supera los 3.013 millones de euros en toda su cadena de valor y da empleo a más de 106.000 personas.
Además, desde SCRATS consideran que el uso de agua desalada, que propone el Ministerio de Transición Ecológica, no es la solución al problema, puesto que aumenta la huella de carbono, no existen aún las conducciones necesarias para alimentar de agua desalada a las explotaciones que precisarían de ella y su coste sería muy alto. El aumento de la demanda de agua desalada, en añadidura, incrementaría el precio de venta sustancialmente, avisan desde SCRATS.
